CAPÍTULO 11: Hacia un mejor marco jurídico y su mejor aplicación
La investigación llevada a cabo por el proyecto AGRI-EW ha recogido opiniones e ideas de diferentes partes interesadas en cinco Estados miembros de la UE (Italia, Polonia, Rumanía, Eslovenia y España) y dos países candidatos (Serbia y Macedonia del Norte) sobre cómo mejorar la participación de los trabajadores en la agricultura.
Las partes interesadas de muchos países, especialmente los representantes de los trabajadores, desearían ver mejorados sus marcos jurídicos nacionales, con una definición más precisa de los derechos de información y consulta.
Algunas de las propuestas para mejorar el marco jurídico incluyen:
- ampliar el alcance de los derechos de información y consulta a una gama más amplia de situaciones y decisiones que puedan afectar a los derechos e intereses de los trabajadores, como reestructuraciones, cierres de empresas, traspasos de empresas e implantación de nuevas tecnologías;
- garantizar una mayor transparencia y acceso a la información relevante para la toma de decisiones, definiendo legalmente mecanismos de comunicación eficaces y transparentes, y obligando a los empresarios a facilitar información completa y puntual sobre la situación financiera, los resultados y las perspectivas de las empresas;
- una mayor protección jurídica de los representantes de los trabajadores frente a los despidos improcedentes;
- diferentes formas de incentivos para los empresarios que apoyen la participación de los trabajadores (como la reducción de impuestos o cotizaciones sociales).
La mejora del marco jurídico es una cuestión importante en muchos países, pero no puede resolver el problema por sí sola. La legislación sólo puede otorgar ciertos derechos a los trabajadores, pero su utilización depende de la iniciativa de los trabajadores y de la actitud general de los empresarios.
Aunque no se espera que el marco jurídico pueda abordar todas las peculiaridades de las relaciones laborales en el sector agrícola, esto podría lograrse mediante acuerdos entre los interlocutores sociales.
De este modo, los mecanismos de información y consulta podrían adaptarse mejor al carácter estacional del trabajo en la agricultura y al predominio de las pequeñas explotaciones familiares. Fomentar las reuniones, el intercambio de opiniones y experiencias, así como la formación conjunta de los interlocutores sociales, podría ser un paso adelante en esta dirección.
Muchos trabajadores no están suficientemente familiarizados con el marco jurídico europeo y nacional ni con sus derechos de información y consulta. Por lo tanto, deberían realizarse más esfuerzos para informar a los trabajadores y a sus representantes sobre estos derechos.
De ello pueden encargarse los sindicatos, pero también las organizaciones patronales y otras partes interesadas. Dichas actividades podrían incluir campañas de información, material de orientación y formación para trabajadores y empresarios con el objetivo de comprender los beneficios de la participación de los trabajadores y el marco jurídico.
Es especialmente importante sensibilizar a los empresarios y a sus organizaciones sobre los beneficios mutuos de la participación de los trabajadores, ya que está demostrado que puede conducir a un entorno laboral mejor y más productivo y aumentar la resistencia de las empresas ante diferentes crisis.
La promoción general del diálogo social también podría ser beneficiosa para la participación de los trabajadores, especialmente en caso de que se incluyan disposiciones concretas sobre información y consulta en los convenios colectivos.
Los convenios colectivos podrían ser especialmente útiles para establecer disposiciones más específicas y detalladas sobre el derecho de acceso a la información de la empresa y la confidencialidad, ya que la legislación nacional no siempre es lo suficientemente clara al respecto.
Deberían documentarse, intercambiarse entre los países y promoverse casos concretos de buenas prácticas.
Debe aumentarse la concienciación sobre el impacto del cambio climático en la agricultura, la importancia de la transición verde y la amplitud de sus efectos en las condiciones de trabajo en la agricultura.
Los trabajadores deben ser consultados e implicados en las decisiones relacionadas con las prácticas agrícolas y las estrategias para mitigar el cambio climático. Esto puede lograrse, entre otras cosas, mediante la creación de comités medioambientales conjuntos a nivel de empresa. También se puede incluir a los trabajadores o a sus representantes en diferentes sesiones de intercambio de ideas o en grupos de trabajo o comités especializados.
La participación de los trabajadores también se vería beneficiada si éstos recibieran más formación y educación sobre la comprensión del impacto del cambio climático en la agricultura y las tecnologías y prácticas agrícolas sostenibles.
Debería animarse a los trabajadores a proponer y aplicar soluciones innovadoras para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. De este modo pueden desempeñar un papel clave en la evaluación del impacto del cambio climático en las condiciones de trabajo y en la identificación de medidas para su mejora.
La salud y la seguridad en el trabajo es también un campo con un gran potencial de mejora, que podría lograrse mediante una mayor participación de los trabajadores, en beneficio de ambas partes. Por ejemplo, se podría dar a los trabajadores un papel activo en la planificación, ejecución y evaluación de todas las actividades destinadas a la prevención de riesgos laborales.
Los empresarios también podrían beneficiarse de una mayor información y consulta con los trabajadores sobre cuestiones relacionadas con el rendimiento de la empresa y la gestión empresarial, que en muchos países rara vez se someten a este tipo de procedimientos.
Aunque los empresarios mantendrían obviamente su prerrogativa en las decisiones de gestión, una mayor participación de los trabajadores puede producir efectos positivos en los procesos de toma de decisiones empresariales, aportando experiencias de primera mano e ideas nuevas.
Las propuestas de las partes interesadas de cinco Estados miembros de la UE y dos países candidatos para mejorar el marco jurídico y la práctica de la participación de los trabajadores en la agricultura en sus países pueden encontrarse en los planes de acción nacionales de la siguiente unidad.